La iniciativa fue presentada con suma urgencia y contempla ocho modificaciones constitucionales. Entre ellas se incluye un nuevo estado de excepción de seguridad pública, medidas contra organizaciones criminales y nuevas atribuciones para enfrentar amenazas graves.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma constitucional destinado a fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, iniciativa que forma parte de la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La propuesta fue presentada con suma urgencia y considera ocho modificaciones a la Constitución, mediante las cuales el Ejecutivo busca ampliar las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado y situaciones que representen una amenaza grave para la seguridad pública.
Las ocho modificaciones propuestas
1. Seguridad pública como deber del Estado
El proyecto busca incorporar expresamente la seguridad pública dentro de los deberes del Estado, junto con el resguardo de la seguridad nacional.
2. Nuevas medidas contra el crimen organizado
La propuesta contempla reconocer constitucionalmente la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado. Entre sus disposiciones se incluyen regímenes penitenciarios diferenciados y restricciones de comunicaciones, visitas, traslados y acceso a determinados beneficios para impedir que condenados continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
También contempla inhabilitaciones para ejercer funciones o cargos públicos en el caso de condenados por delitos vinculados al crimen organizado.
3. Registro de organizaciones criminales
La reforma abre la posibilidad de que una ley establezca registros de organizaciones criminales. La incorporación de una agrupación a estos registros podría tener efectos en la determinación de responsabilidades penales, aunque el Ministerio Público deberá igualmente acreditar la participación individual de cada imputado.
4. Facultad presidencial para declarar organizaciones criminales
Otra de las modificaciones permitiría al Presidente de la República declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
La declaración posteriormente deberá ser sometida al Senado, que tendrá que aprobarla por dos tercios de sus integrantes en ejercicio y en sesión secreta.
5. Amenaza grave a la seguridad pública
La iniciativa busca incorporar como causal constitucional la existencia de una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública, ampliando las situaciones actualmente consideradas por la Carta Fundamental.
6. Nuevo estado de excepción de seguridad pública
Uno de los principales cambios es la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser declarado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública ya se encuentre gravemente afectada.
Este estado podría extenderse hasta por 120 días y ser prorrogado por un período equivalente. Para posteriores extensiones se requerirá el acuerdo del Congreso Nacional. La propuesta también considera la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas bajo las condiciones que establezca una ley orgánica constitucional.
7. Nuevas facultades durante el estado de excepción
Durante la vigencia de este nuevo estado de excepción, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Asimismo, podría restringir el ejercicio del derecho de asociación, disponer requisiciones de bienes e intervenir determinadas comunicaciones y documentos bajo el marco que establezca la normativa.
8. Senado deberá pronunciarse
Finalmente, la reforma establece un rol específico para el Senado cuando el Presidente declare a una agrupación como terrorista o perteneciente al crimen organizado.
La Cámara Alta tendría cinco días para aprobar o rechazar la declaración, sin posibilidad de introducir modificaciones. La aprobación requerirá dos tercios de los senadores en ejercicio y deberá realizarse en sesión secreta.
Reforma inicia su tramitación
El proyecto lleva las firmas del presidente José Antonio Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Con su ingreso al Senado comienza ahora la discusión legislativa de una reforma que busca introducir cambios constitucionales relevantes en materia de seguridad y combate al crimen organizado. El Ejecutivo presentó la iniciativa con suma urgencia, mecanismo destinado a acelerar su tramitación en el Congreso.
