Villarrica, julio de 2026. El 2° Juzgado Civil de Temuco acogió parcialmente una demanda por falta de servicio presentada contra el Servicio de Salud Araucanía Sur y condenó al organismo a pagar una indemnización de $90 millones por daño moral a una paciente identificada únicamente con las iniciales M.I.M.C., resguardando su identidad.
Según los antecedentes de la causa, la paciente fue sometida el 1 de septiembre de 2022 a una histerectomía total por vía vaginal en el Hospital de Villarrica. Durante la intervención sufrió una lesión en la vejiga y en el uréter, complicaciones que fueron reparadas en el mismo procedimiento con apoyo del equipo de urología. En los meses siguientes desarrolló un cuadro de hidronefrosis que culminó con la extracción de su riñón izquierdo en abril de 2024 y, posteriormente, presentó signos de la misma patología en el riñón derecho. La sentencia incorpora estos antecedentes como parte de la evolución clínica del caso, pero no los atribuye a la falta de servicio acreditada.
El tribunal concluyó que la responsabilidad del Servicio de Salud Araucanía Sur radicó en la falta de continuidad del seguimiento médico, al establecer que la paciente dejó de ser citada a controles desde enero de 2025 y hasta la fecha de la sentencia. Este hecho quedó acreditado luego de que el representante legal del organismo no compareciera a la audiencia de absolución de posiciones, siendo tenido por confeso respecto de los hechos contenidos en el pliego de posiciones.
A partir de esa prueba, el juez determinó que la ausencia de controles vulneró el deber de continuidad asistencial que debe garantizar la red pública de salud y provocó un daño moral indemnizable. En consecuencia, ordenó al Servicio de Salud Araucanía Sur pagar $90 millones a la demandante. Sin embargo, el tribunal rechazó las indemnizaciones solicitadas por lucro cesante y pérdida de oportunidad, al estimar que no se acreditó un vínculo causal entre la falta de servicio y la pérdida del riñón u otras complicaciones médicas posteriores.
La acción judicial fue patrocinada por la abogada Daniela Riffo y el abogado Sebastián Retamal, quienes representaron a la paciente durante el proceso civil.
La resolución aún no se encuentra firme, ya que fue apelada por el Servicio de Salud Araucanía Sur y actualmente la causa es revisada por la Corte de Apelaciones de Temuco.
