Aprobada mediante trato directo por el Concejo Municipal en diciembre de 2022, durante la administración del entonces alcalde Germán Vergara Lagos y con la abstención del concejal Raúl Landini Ebner, la concesión del aparcadero municipal comenzó a operar en enero de 2023. Una auditoría de Contraloría detectó posteriormente cobros improcedentes, remates observados, funcionamiento sin patente comercial y la participación de funcionarios municipales en la sociedad concesionaria.
Villarrica.- El Informe Final N.º 160 de 2026 de la Contraloría Regional de La Araucanía detectó diversas irregularidades en la concesión del aparcadero municipal de Villarrica, servicio que fue aprobado por el Concejo Municipal el 13 de diciembre de 2022 y que posteriormente operó entre enero de 2023 y junio de 2025, período auditado por el organismo fiscalizador. Ver aqui concesión de aparcadero en Villarrica – Noticias – www.contraloria.cl
Según consta en el Acta de Sesión Ordinaria N.º 52, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo N.º 554 para suscribir un contrato de trato directo con la empresa Sociedad Comercial Morales y Olave SpA para la operación del aparcadero municipal. La propuesta fue presentada por el entonces director de Tránsito y Transporte Público, Luis Enrique Muñoz Osses, quien argumentó la necesidad de contar con un recinto destinado al resguardo de vehículos abandonados, retirados de circulación o involucrados en procedimientos policiales.
Video Sesión de Concejo https://youtu.be/Vcigk3wWnCM?t=9017 2:13:01 Hrs
La aprobación contó con los votos favorables del ex alcalde Germán Vergara Lagos y de los concejales Jaime Beltrán Sáez, Katalina Gudenschwager Basso, Víctor Durán Rivera, Hermes Medina Rodríguez y Sergio Mora Hernández. El concejal Raúl Landini Ebner se abstuvo durante la votación. Pagina 23Durante la discusión, algunos concejales plantearon inquietudes respecto de los criterios para el retiro de vehículos mal estacionados y la capacidad futura del recinto. La administración señaló que la prioridad estaría enfocada en vehículos abandonados y que se realizaría difusión a la comunidad sobre el funcionamiento del servicio.
Hallazgos de Contraloría
La auditoría realizada por la Contraloría Regional de La Araucanía examinó la ejecución de la concesión entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2025, detectando seis observaciones principales.
Entre ellas figuran cobros improcedentes por conceptos no contemplados en las bases de la concesión, tarifas superiores a las autorizadas por la ordenanza municipal, remates de vehículos sin antecedentes suficientes y la subasta de un vehículo que mantenía encargo policial vigente.
El organismo también estableció que la empresa concesionaria operó sin la patente comercial exigida en las bases y observó la participación de funcionarios municipales en la sociedad concesionaria al momento de suscribirse el contrato.
Asimismo, el informe consigna una eventual falta a la probidad administrativa vinculada a actuaciones del entonces Director de Control Municipal relacionadas con el retiro y posterior transferencia de un vehículo que se encontraba bajo custodia municipal.
Vínculos societarios y registros municipales
De acuerdo con antecedentes societarios revisados por este medio, Sociedad Comercial Morales y Olave SpA registraba como integrantes a Carlos Eduardo Morales Devia, Nicolás Ignacio Olave Schwarzenberg ambos funcionarios del municipio al momento de adjudicarse la licitación.
Por otra parte, registros de Transparencia Activa muestran que Carlos Eduardo Morales Devia se desempeñó en distintos períodos en funciones asociadas a Auditoría Interna y Control Municipal, mientras que Nicolás Ignacio Olave Schwarzenberg registró funciones técnicas en la Dirección de Finanzas del municipio.
Estos antecedentes adquieren relevancia considerando que uno de los hallazgos contenidos en el informe de Contraloría se refiere precisamente a la participación de funcionarios municipales en la sociedad concesionaria.
La concesión fue posteriormente terminada durante 2025. Sin embargo, la Contraloría continuó revisando los actos administrativos y la ejecución del contrato desarrollados durante su vigencia.
Como resultado de la investigación, el organismo instruyó la realización de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias, ordenó medidas correctivas al municipio y remitió los antecedentes al Ministerio Público para los fines que correspondan.
