La iniciativa busca modificar aspectos centrales de la normativa vigente desde 1993, abriendo un nuevo debate sobre la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
El presidente José Antonio Kast anunció este lunes una reforma a la Ley Indígena, iniciativa que contempla modificaciones al sistema de consulta indígena y al mecanismo de administración y restitución de tierras, dos de los pilares de la normativa que regula la relación entre el Estado y los pueblos originarios en Chile.
El anuncio fue realizado en el marco de las definiciones gubernamentales respecto de las políticas indígenas y se produce en un momento clave para la Macrozona Sur, donde las demandas territoriales y el reconocimiento de derechos indígenas continúan siendo temas de alta sensibilidad política y social.
Según lo informado por el Ejecutivo, la propuesta busca reformular los actuales procedimientos de consulta indígena establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de revisar el sistema mediante el cual el Estado adquiere y transfiere tierras a comunidades indígenas.
La Ley Indígena N.º 19.253, promulgada en 1993, creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y estableció mecanismos destinados a proteger las tierras indígenas y promover el desarrollo de los pueblos originarios. Sin embargo, distintos sectores han planteado durante los últimos años la necesidad de actualizar la legislación para enfrentar los desafíos actuales en materia territorial y de representación.
La propuesta del gobierno se enmarca también en la discusión sobre las recomendaciones emanadas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia que analizó alternativas para abordar el conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Desde organizaciones indígenas y diversos actores políticos ya han surgido reacciones frente al anuncio, especialmente respecto de los alcances que podrían tener los cambios en los procesos de consulta y en los mecanismos de restitución territorial. Diversos representantes han señalado que cualquier modificación deberá resguardar los estándares internacionales de participación indígena y los compromisos asumidos por Chile en esta materia.
La reforma deberá ser tramitada en el Congreso Nacional, donde se espera un intenso debate sobre el futuro de la institucionalidad indígena y las políticas públicas orientadas a los pueblos originarios.
En La Araucanía, la discusión será observada con especial atención debido al impacto que eventuales cambios podrían generar en las comunidades mapuche y en los procesos de resolución de demandas territoriales que se mantienen vigentes en la zona.
