El Gobierno dio a conocer nuevos detalles de su propuesta para crear un quinto Estado de Excepción Constitucional, iniciativa que busca entregar mayores herramientas para enfrentar graves problemas de seguridad pública, especialmente en sectores afectados por el crimen organizado y el narcotráfico.
La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y contempla, en situaciones específicas, facultades como la interceptación de telecomunicaciones en los territorios donde se aplique la medida.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que también podrían establecerse restricciones al tránsito y circulación de personas, toques de queda y limitaciones a la capacidad de reunión.
El objetivo, según explicó la autoridad, es facilitar y agilizar las investigaciones contra organizaciones vinculadas al crimen organizado o grupos terroristas en sectores considerados críticos.
Una de las principales diferencias respecto de los estados de excepción actualmente contemplados en la Constitución es que esta nueva herramienta podría aplicarse en zonas geográficas mucho más acotadas.
Arrau señaló que podrían existir sectores del país que requieran medidas especiales, incluyendo barrios determinados, polígonos rurales o zonas específicas del norte de Chile.
La iniciativa también considera la eventual participación de las Fuerzas Armadas para colaborar frente a graves alteraciones de la seguridad pública.
Cuestionamientos a la propuesta
El planteamiento ha generado reparos. El exministro de Seguridad Pública Luis Cordero advirtió sobre las diferencias existentes entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las policías, además de eventuales dificultades relacionadas con las jerarquías y estructuras de mando.
El Presidente José Antonio Kast abordó los cuestionamientos y sostuvo que el Ejecutivo avanzará gradualmente en esta materia, considerando también la aprobación de otras normas relacionadas con seguridad.
Por ahora, la creación de este nuevo estado de excepción forma parte de las propuestas impulsadas por el Gobierno y requerirá avanzar en su correspondiente tramitación antes de que las nuevas facultades puedan ser aplicadas.
